A- de 2024

Conflicto de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado Primero Civil del Circuito con funciones laborales de Corozal y el Juzgado Quinto Administrativo de Sincelejo.

La controversia se presenta por un proceso ejecutivo iniciado por una ciudadana, en contra de la Empresa Social del Estado San Blas de Morroa (Sucre), con el propósito de que se libre mandamiento de pago por los valores correspondientes a la liquidación de las prestaciones sociales contenidas en la orden de pago ordenada en unas resoluciones.

Luego de verificar el cumplimiento de los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo para la configuración de un verdadero conflicto entre jurisdicciones, la Sala Plena advierte que en este caso no se discute la vinculación del demandante, sino de un proceso cuyo propósito es el cobro de las sumas de dinero reconocidas por la demandada en unas resoluciones.

De esta manera, la Sala considera que el asunto se ajusta a las previsiones del Auto 613 de 2021, en el que se menciona que las disposiciones normativas del CPACA no incluyen en la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo los procesos ejecutivos laborales derivados de actos administrativos que contengan acreencias laborales reconocidas y, aunque el numeral 4 del artículo 297 del CPACA establece las condiciones para que los actos administrativos sean considerados títulos ejecutivos, esto no significa que la ejecución de todos esos actos esté asignada exclusivamente a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, porque de acuerdo con el artículo 104.6 del CPACA, la jurisdicción de lo contencioso administrativo tiene competencia para conocer los títulos ejecutivos derivados de las condenas impuestas a la administración, las conciliaciones aprobadas, los laudos arbitrales y los contratos celebrados con las entidades estatales, que aquí no es el caso.

Se reitera, para resolver, la regla contenida en Auto 613 citado, según la cual, corresponde a la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral, el conocimiento de los procesos ejecutivos en los que se pretende el pago de acreencias derivadas de una relación de trabajo, reconocidas en actos administrativos.

Lo anterior, de conformidad con los artículos 12 de la Ley 270 de 1996 y 2.5 y 100 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

En consecuencia, la Corte dispone el envío del expediente al Juzgado Primero Civil del Circuito con funciones laborales de Corozal, para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Sincelejo, a los sujetos procesales y a los demás interesados.